domingo, 22 de noviembre de 2009

Campesino rico, campesino pobre


El pasado 21 de noviembre fue convocado un paro en el sector agrario por tres de las principales organizaciones nacionales (COAG, ASAJA y UPA). En esencia, protestaban porque sus negocios no son rentables. El precio de venta de sus productos no es suficiente para cubrir sus costes de producción en la mayoría de los casos.


Un sector en crisis

Por los datos obtenidos de la COAG y el INE, podemos señalar que durante el periodo 2004-2008 se ha producido lo siguiente (teniendo en cuenta la inflación, se pueden ver los datos completos aquí):

- Una bajada de la producción agrícola desde los 41.623,60 millones de euros a los 36.489,51 millones (-12,33%).

- Una subida de los costes de producción desde los 15.091,70 millones de euros a los 15.375,35 millones (1,88%).

- Una bajada del Valor Añadido Bruto (que coincide prácticamente con el PIB) desde los 26.531,90 millones de euros a los 19.056,64 millones (-28,27%).

- Una bajada de la renta agraria desde los 25.422,80 millones de euros a los 20.351,40 millones (-15,95%).

- Una subida de las subvenciones recibidas desde los 2.567,90 millones de euros a los 5.237,67 millones (103,97%).

- Un descenso del número de ocupados sector, que ha pasado de dar trabajo a casi 938 mil personas a darlo a 771 mil (unos 172 mil trabajadores menos, un -18,22%).

Asimismo, los agricultores y ganaderos señalan el incremento de precios que sufren sus productos desde el momento que les son comprados hasta su venta al consumidor. Este incremento llega en algunos casos al 667%, siendo su media del 367%.

Soluciones antiguas para nuevos problemas

Estos son lo datos macroeconómicos del sector. El campo español en su conjunto languidece. Las medidas propuestas por la COAG para solucionar los problemas pueden resumirse en las siguientes:

- Mantenimiento de subvenciones.

- Autarquía agraria.

- Control de mercados y precios y fijación de márgenes comerciales y costos de producción (exigencia de aplicación del artículo 13.2 de la Ley 7/1996 de Comercio que prevé que “el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización (…) cuando se trate de productos de primera necesidad”).

- Control de las importaciones.

- Control del plazo de pago de sus productos por parte de los distribuidores.

- Definición detallada de todos los agentes de la cadena alimentaria.

- Fijación de modelos de contratos entre productores y restos de agentes.

- Modificación del Observatorio de Precios.

- Prohibición de productos modificados genéticamente.

- Bajadas de impuestos al sector agrario.

La adopción de las anteriores medidas significaría una rígida planificación del sector agrario, una planificación que tienes similitudes con las llevadas a cabo por la antigua Unión Soviética. Así, proponen obligar a la sociedad a organizarse de tal forma que posibilite la rentabilidad de sus negocios. Es decir, lo que ellos no han conseguido por sus medios ha de imponerlo el Estado. Otras medidas, como el control de las importaciones o el mantenimiento de subvenciones, tendrían consecuencias para el resto de la sociedad (en esta entrada explico las consecuencias de estas medidas aplicadas en el sector del plátano).

No quisiera que se me tildara de insensible frente a los dramas personales de muchos campesinos que ven con profundo pesar como no son capaces del mantenerse a si mismos y a sus familias. Esta situación es en verdad sangrante. Pero no creo que las anteriores medidas sean la solución. Al igual que sus negocios, existen muchos otros en distintos sectores que no consiguen ser rentables y se ven abocados al cierre. Siguiendo el criterio propuesto por la COAG, la solución pasaría por controlar toda la economía para que ningún negocio cerrara por falta de rentabilidad. Si los campesinos piden esto para si mismos, no veo el motivo de negárselo a cualquier pequeño comerciante o industrial. Este camino de planificación socialista de la economía ya ha sido andado en otras ocasiones y ha demostrado su inviabilidad.

¿Existe soluciones alternativas a las anteriores propuestas? Veamos a continuación dos interesantes casos.

Cincuenta años no son nada. El caso COVAP

La Sociedad Cooperativa Andaluza del Valle de los Pedroches (COVAP) es una cooperativa situada en la localidad de Pozoblanco, provincia de Córdoba. Fue fundada en 1959 y contaba según los últimos datos del 2007 con 14.917 socios. Esta cooperativa ha conseguido durante el 2007 unas ventas de 266,95 millones de euros (un incremento del 16,43%). Asimismo, su beneficio en el 2007 ascendió a 5,14 millones de euros (un incremento del 0,59%). Su número de empleados se incrementó un 13,95% llegando a 564. De igual manera, ha mejorado en el 2007 los márgenes brutos sobre ventas y la rentabilidad antes de impuestos.

El camino seguido por COVAP ha supuesto invertir en instalaciones, mejorar sus sistemas de gestión empresarial, abrir tiendas propias que distribuyen sus productos y expandirse en mercados fuera de España. Con todo ello ha conseguido dar un valor añadido a todos sus socios, obteniendo unos resultados que contrastan con los conseguidos por el resto del sector agrario.

Una vistas al Mediterráneo. El caso Intercoop

El Grupo Intercoop es una cooperativa de segundo grado, es decir una cooperativa de cooperativas, teniendo un total de 207 socios. Su ámbito de actuación son las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Su volumen de ventas durante 2008 alcanzó los 70,3 millones de euros (con un incremento del 0,79%). Su beneficio en este mismo año llegó a los 0,26 millones de euros. El número de empleados del grupo se mantuvo prácticamente constante con un total de 202 trabajadores.

Como podemos ver, este caso constituye otro ejemplo de que apostando por la unión de los campesinos, ofreciendo una amplia gama de servicios a los mismos para que puedan competir en los actuales mercados y comercializando directamente los productos, se consiguen unos resultados satisfactorios.

Conclusiones

De los datos macroeconómicos que hemos vistos al principio se puede deducir que el sector agrario tal como hoy está estructurado tiene un futuro muy incierto. Sin embargo, también hemos presentado otras formas de afrontar los problemas que consiguen resultados positivos. Es cierto que el campo se muere, pero realmente lo que muere es la antigua manera de explotación de los recursos agrarios y ganaderos. El sector tiene un alto grado de atomización y quizás el pequeño campesino que camina por libre no podrá sobrevivir salvo contadas excepciones. Frente a este campesino se abren dos caminos. Uno es el solicitar que el Estado lo proteja y haga posible su supervivencia, al menos a corto plazo ya que como hemos indicado ésta es una vía sin salida. El otro camino es apostar por la unión y la innovación en la gestión empresaria tal como se ha hecho en los casos comentados. Asimismo, puede que ya sea hora de preguntarnos porqué hemos de ser nosotros, los habitantes de este primer mundo privilegiado, quienes tengamos que producir los productos agrícolas y ganaderos que consumimos. Quizás haya llegado el momento de dar una oportunidad al comercio y permitir entrar en los mercados a los países en vías de desarrollo, que podrán ofrecernos los productos que deseamos, contribuyendo al mismo tiempo a su desarrollo. Hace ya mucho tiempo se formuló la ley de los costos comparativos (video) y realmente se cumple. No niego que la travesía sea dura. La pregunta que debe hacerse ahora el pequeño agricultor o ganadero es si va a ser uno de los que continuará caminando mediante su adaptación a la realidad actual, o será de esos que protestan pero al final no tendrá más remedio que abandonar sus tierras y sus animales.