Cargando al Atlas o cómo el Estado favorece la competencia y contribuye al Bien Común

Según el último estudio de la OCU, Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad con la cesta de la compra más cara de España. Le sigue muy de cerca Santa Cruz de Tenerife y si consultamos las estadísticas publicadas por el Instituto Canario de Estadísticas (ISTAC), comprobaremos que dicha cesta es aún más cara en el resto de las islas, llegando la diferencia al 10% en alguna de ellas.

Cualquier medida que produjera la bajada de los precios contribuiría al Bien Común, que es aquel conjunto de condiciones sociales que consienten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de su propia persona(1). Además, tal como indica la Doctrina Social de la Iglesia es deber de los gobernantes el contribuir a dicho Bien Común(2).

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo sería la bajada de los precios. Para poder conseguirlo, hemos de acudir obligatoriamente a los principios de la Teoría Económica. Ya Carl Menger explicaba en el capítulo V de su libro “Principios de economía política”, como la única manera de abaratar los precios era aumenta la oferta por medio de la introducción en el mercado de nuevas empresas que ofrecieran los mismos productos. De esta forma, la política comercial de las empresas monopolistas de restringir la cantidad de mercancías en el mercado para conseguir mayores beneficios, sería imposible llevarse a cabo debido a la oferta adicional de las nuevas empresas. Y auque la empresa monopolista podría hacer subir los precios mediante la decisión de retirar del mercado parte de sus productos, dicha acción sería antieconómica, pues sólo conseguiría obtener menores beneficios a pesar de la subida de los precios.

Lo anterior es fácilmente demostrable y tan cierto y evidente como que dos y dos son cuatro. De esta forma, a través de las leyes de formación de precios formuladas por Menger, hemos obtenido la solución a nuestro problema del abaratamiento de los mismos. Así, el gobernante sólo tendría que seguir el anterior camino marcado por las leyes económicas. Un camino que debería seguir tan a rajatabla como los procedimientos de construcción de un edificio basados en su cálculo de estructuras. Resumiendo, la Administración no ha de poner ninguna traba a la aparición de nuevas empresas en el mercado para conseguir la disminución de los precios.

¿Ha hecho lo anterior la administración autonómica? En la actualidad, el Gobierno de Canarias ha presentado el anteproyecto de una nueva ley de comercio. La necesidad de aprobación de una nueva ley que sustituya a la Ley 10/2003, es debida a la entrada en vigor de la Directiva europea 2006/123/CEE. De esta forma, la nueva legislación comercial debería ser una herramienta que contribuyera a conseguir el fin antes comentado. Veamos si dicho anteproyecto ayudará al establecimiento de nuevas empresas.

El artículo 3 concreta que la finalidad de la ley es “el logro de un modelo comercial basado en la flexibilidad, diversidad y oferta plural.” Éste es un buen comienzo.

El artículo 4 fija once principios rectores. Quizás demasiados principios, pues realmente habría bastado con indicar sólo uno, que sería el permitir todas aquellas condiciones que posibilitaran a cada uno de los habitantes de las islas el conseguir unos intercambios comerciales más libres y de acuerdos con sus necesidades. Así, ya empezamos a ver un exceso de legislación.

En el apartado a) del anterior artículo se nos habla “del principio de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y la planificación económica general del Estado, dentro de una libre y leal competencia, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la misma y las restantes disposiciones específicas que regulan la actividad comercial”. Vamos, que competencia sí, pero la justa, la que crea conveniente la Administración.

Es también especialmente interesante el apartado c) del artículo, donde se señala que uno de los principios es “la preservación y el fortalecimiento de la cultura comercial tradicional canaria y el equilibrio con las demás formas comerciales”. Así, se opta por la protección de una determinada clase de comercio, independientemente de si con ello se consigue un beneficio o perjuicio para el consumidor.

El resto del anteproyecto de ley se entretiene en regular las condiciones de acceso al mercado de las distintas empresas. No olvidemos que tal como hemos indicado, el objetivo es facilitar éste acceso. El anteproyecto regula y define los siguientes aspectos:

- El comercio minorista.

-Los grandes establecimientos comerciales, definiendo sus metros cuadrados, superficies de ventas que incluyen escaparates, mostradores, zonas de caja, etc. Luego hace una clasificación de los mismos por grupos de mercancías.

- Los centros comerciales. Define los mismos y fija sus metros cuadrados.

- La licencia comercial, que es el permiso que necesita un comercio para poder abrir al público y vender sus productos. Es especialmente largo y farragoso el artículo 11 donde se fijan los criterios para su obtención, criterios tan imprecisos como “la contribución del proyecto al equilibrio interterritorial y a la cohesión social”.

- Los deberes de los comerciantes, entre ellos el “desarrollar su actividad procurando adecuarse a las necesidades comerciales del área de influencia en que se sitúe el establecimiento comercial”. Vamos, que se fija por ley como el empresario debe hacer su trabajo, a pesar de que el dinero invertido es suyo y también asume el riego de la actividad.

- El procedimiento para la concesión de la licencia comercial. Éste es desarrollado por medio de 5 artículos y 9 páginas, fijándose un “corto plazo” de seis meses para conceder la licencia. Además, puede ser denegada si existe coincidencia de solicitudes para una misma zona, ya que el correspondiente Plan Territorial de Equipamiento Comercial puede fijar el número máximo de licencias comerciales. Es decir, todo un ejemplo de cómo favorecer la implantación de nuevas empresas.

Para no alargar más la entrada, podemos hacer un resumen indicando que el anteproyecto continúa poniendo normas para mantener la licencia, trasmitir la misma y vender los comercios. Fija los números de días y horas de apertura, así como el número de horas en los días festivos. Indica qué zonas de las islas puede abrir más o menos horas o días al año y la forma en que los comercios han de indicar su horario. Regula la autorización de vendedores ambulantes, las características de las máquinas expendedoras y la instalación de las ferias de una forma muy detallada. Por último indica un total de 32 infracciones administrativas y hace su clasificación, fijando multas de hasta 600.000 euros. Al final acaba con una clasificación de las zonas comerciales de las islas y con la creación de un registro de comerciantes y comercios.

¿Contribuirá el anterior proyecto de ley al aumento de la competencia? Yo no lo creo. Incluso me sorprende que algún empresario aún tenga el valor de abrir un nuevo comercio. Si nadie lo remedia, Canarias seguirá siendo la comunidad con la cesta más cara de España.


(1) Pacem in Terris (58) – Juan XXIII
(2) Pacem in Terris (60) – Juan XXIII