Libertad, Estado y protección del consumidor

La quiebra de Air Comet, y el consiguiente perjuicio a sus clientes, vuelven a traer a la palestra el asunto de la protección del consumidor. El Gobierno español ha gastado unos seis millones de euros en prestar el servicio que debería haber sido facilitado por la aerolínea. Dicho importe será reclamado posteriormente a Air Comet, aunque es difícil saber en este momento si podrá ser reembolsado debido a la situación de la empresa.

Evidentemente, aquellas personas beneficiarias de esta acción han de estar agradecidas al Gobierno. Pero, ¿debe actuar el Estado como subsidiario de cualquier acción donde se vean perjudicados los consumidores? Estoy convencido que de realizarse una encuesta la respuesta sería afirmativa. Veamos las implicaciones de esta afirmación.

Lo primero que hemos de analizar es el motivo que tuvieron los clientes de Air Comet para comprar sus pasajes. Esta claro que la principal razón fue el precio de los mismos. En ese momento no tuvieron en cuenta el famoso dicho que dice que lo barato al final puede salir caro. Sin embargo, no se puede atribuir toda la culpa a los clientes. Estos partían del supuesto de que la Administración había de velar por sus intereses y no dejaría que una empresa de este tipo dejara de cumplir con sus obligaciones. Evidentemente confiaban demasiado en la Administración. También hemos de mencionar que muchas de estas personas no contaban con los recursos necesarios para pagar vuelos más caros, aunque esto no les exima de su responsabilidad a la hora de analizar su compra.

Veamos ahora la situación desde el punto de vista de aquellas personas que decidieron volar con otras compañías aéreas, prefiriendo seguridad a bajos precios. Quizás estas personas tuvieron que hacer un mayor sacrificio, incluso pospusieron sus viajes hasta tener el dinero necesario para pagar sus pasajes. Así, han visto recompensadas su decisión en este momento al no tener que permanecer esperando largas horas en un aeropuerto sin tener la certeza de poder tomar su avión. No obstante, el mensaje que el Gobierno lanza al mercado es que no importa que las personas sean responsables y se preocupen a la hora comprar. Decidan lo que decidan, el Estado estará allí para resolver sus problemas. Pero no hay que buscar demasiado para comprobar que esta promesa no se cumple en muchas ocasiones.

La conclusión de todo lo anterior es que el Estado fomenta la irresponsabilidad del consumidor. Trata a éste como a un niño pequeño que no puede valerse por si mismo, fomentado un proceso de infantilización y convirtiendo a las personas en incapaces de utilizar adecuadamente el mercado. Además, también está el asunto del dinero adelantado para hacer frente a los perjuicios ocasionados. ¿Con qué derecho ha decidido el Gobierno que los perjudicados por Air Coment eran más merecedores de ayuda que, por ejemplo, muchas personas que en estos días incluso han tenido problemas a la hora de conseguir algo de comer?

Sin embargo, es evidente que el consumidor demanda una necesaria protección. Como de costumbre, el dilema está en considerar si esta protección puede ser facilitada de mejor manera por el Mercado o por el Estado. La opción estatal se torna cada vez más inviable. La creación de infinidad de normas y reglamentos está ocasionando que muchas empresas no puedan ofrecer sus productos, sin tener en cuenta además el alto costo de todos esos organismos de control. Puede que en algunos casos, estas decisiones estatales hayan conseguido mejorar los productos, pero nadie piensa en la infinidad de aquellos que hayan podido dejar de fabricarse y ponerse a la venta.

¿Cuál sería la respuesta del Mercado al problema de la protección del consumidor? Antes de nada, debería exigírsele al Estado que cumpliera con una de esas pocas funciones que realmente ha de ejercer. Me refiero a la administración de Justicia. Quizás el ahorro conseguido por la supresión de todos esos organismos de control podría emplearse en dotar de mayores recursos a los Tribunales. De esta forma, cualquier incumplimiento por parte de una empresa podría ser fácil y rápidamente resuelto por un juez si fuera necesario. Otra forma de conseguir la tan deseada protección del consumidor es dejar que asociaciones privadas pudieran ofertar información a los consumidores. De esta forma, se dejaría en manos de los clientes la responsabilidad de informarse de los productos del mercado mediante su adscripción a estas asociaciones, al mismo tiempo que se verían apoyados en acciones colectivas a la hora de demandar a las empresas. Otra medida sería impartir en los colegios la educación para el consumo, enseñando las herramientas necesarias para consumir con responsabilidad (sin que esto deba entenderse como un adoctrinamiento para un menor o mayor consumo, cuestión que debe quedar en manos de los padres). Por último, una herramienta que quizás el mercado pueda encontrar es la utilización de seguros que cubran estas contingencias de cancelaciones de vuelo. Si no se pudiera conseguir este tipo de seguro para una compañía aérea, quizás la razón debería buscarse en que ninguna entidad aseguradora se fía de la situación de la aerolínea, sirviendo esto de guía al consumidor.

Evidentemente, las anteriores propuestas han de considerarse un punto de partida, una puerta que se nos abre para explorar nuevos caminos alejados de la acción del Estado. La meta final es conseguir que todos los consumidores vuelvan a tomar las riendas de sus decisiones. Podrán decir al Estado en ese momento: “Ya no te necesito, ahora nosotros sabemos protegernos”.