domingo, 27 de diciembre de 2009

Libertad, Estado y protección del consumidor

La quiebra de Air Comet, y el consiguiente perjuicio a sus clientes, vuelven a traer a la palestra el asunto de la protección del consumidor. El Gobierno español ha gastado unos seis millones de euros en prestar el servicio que debería haber sido facilitado por la aerolínea. Dicho importe será reclamado posteriormente a Air Comet, aunque es difícil saber en este momento si podrá ser reembolsado debido a la situación de la empresa.

Evidentemente, aquellas personas beneficiarias de esta acción han de estar agradecidas al Gobierno. Pero, ¿debe actuar el Estado como subsidiario de cualquier acción donde se vean perjudicados los consumidores? Estoy convencido que de realizarse una encuesta la respuesta sería afirmativa. Veamos las implicaciones de esta afirmación.

Lo primero que hemos de analizar es el motivo que tuvieron los clientes de Air Comet para comprar sus pasajes. Esta claro que la principal razón fue el precio de los mismos. En ese momento no tuvieron en cuenta el famoso dicho que dice que lo barato al final puede salir caro. Sin embargo, no se puede atribuir toda la culpa a los clientes. Estos partían del supuesto de que la Administración había de velar por sus intereses y no dejaría que una empresa de este tipo dejara de cumplir con sus obligaciones. Evidentemente confiaban demasiado en la Administración. También hemos de mencionar que muchas de estas personas no contaban con los recursos necesarios para pagar vuelos más caros, aunque esto no les exima de su responsabilidad a la hora de analizar su compra.

Veamos ahora la situación desde el punto de vista de aquellas personas que decidieron volar con otras compañías aéreas, prefiriendo seguridad a bajos precios. Quizás estas personas tuvieron que hacer un mayor sacrificio, incluso pospusieron sus viajes hasta tener el dinero necesario para pagar sus pasajes. Así, han visto recompensadas su decisión en este momento al no tener que permanecer esperando largas horas en un aeropuerto sin tener la certeza de poder tomar su avión. No obstante, el mensaje que el Gobierno lanza al mercado es que no importa que las personas sean responsables y se preocupen a la hora comprar. Decidan lo que decidan, el Estado estará allí para resolver sus problemas. Pero no hay que buscar demasiado para comprobar que esta promesa no se cumple en muchas ocasiones.

La conclusión de todo lo anterior es que el Estado fomenta la irresponsabilidad del consumidor. Trata a éste como a un niño pequeño que no puede valerse por si mismo, fomentado un proceso de infantilización y convirtiendo a las personas en incapaces de utilizar adecuadamente el mercado. Además, también está el asunto del dinero adelantado para hacer frente a los perjuicios ocasionados. ¿Con qué derecho ha decidido el Gobierno que los perjudicados por Air Coment eran más merecedores de ayuda que, por ejemplo, muchas personas que en estos días incluso han tenido problemas a la hora de conseguir algo de comer?

Sin embargo, es evidente que el consumidor demanda una necesaria protección. Como de costumbre, el dilema está en considerar si esta protección puede ser facilitada de mejor manera por el Mercado o por el Estado. La opción estatal se torna cada vez más inviable. La creación de infinidad de normas y reglamentos está ocasionando que muchas empresas no puedan ofrecer sus productos, sin tener en cuenta además el alto costo de todos esos organismos de control. Puede que en algunos casos, estas decisiones estatales hayan conseguido mejorar los productos, pero nadie piensa en la infinidad de aquellos que hayan podido dejar de fabricarse y ponerse a la venta.

¿Cuál sería la respuesta del Mercado al problema de la protección del consumidor? Antes de nada, debería exigírsele al Estado que cumpliera con una de esas pocas funciones que realmente ha de ejercer. Me refiero a la administración de Justicia. Quizás el ahorro conseguido por la supresión de todos esos organismos de control podría emplearse en dotar de mayores recursos a los Tribunales. De esta forma, cualquier incumplimiento por parte de una empresa podría ser fácil y rápidamente resuelto por un juez si fuera necesario. Otra forma de conseguir la tan deseada protección del consumidor es dejar que asociaciones privadas pudieran ofertar información a los consumidores. De esta forma, se dejaría en manos de los clientes la responsabilidad de informarse de los productos del mercado mediante su adscripción a estas asociaciones, al mismo tiempo que se verían apoyados en acciones colectivas a la hora de demandar a las empresas. Otra medida sería impartir en los colegios la educación para el consumo, enseñando las herramientas necesarias para consumir con responsabilidad (sin que esto deba entenderse como un adoctrinamiento para un menor o mayor consumo, cuestión que debe quedar en manos de los padres). Por último, una herramienta que quizás el mercado pueda encontrar es la utilización de seguros que cubran estas contingencias de cancelaciones de vuelo. Si no se pudiera conseguir este tipo de seguro para una compañía aérea, quizás la razón debería buscarse en que ninguna entidad aseguradora se fía de la situación de la aerolínea, sirviendo esto de guía al consumidor.

Evidentemente, las anteriores propuestas han de considerarse un punto de partida, una puerta que se nos abre para explorar nuevos caminos alejados de la acción del Estado. La meta final es conseguir que todos los consumidores vuelvan a tomar las riendas de sus decisiones. Podrán decir al Estado en ese momento: “Ya no te necesito, ahora nosotros sabemos protegernos”.

5 comentarios:

snake dijo...

Magnífico artículo. El mercado es quien provee de las mejores soluciones. El problema es el intervencionismo, que no permite que el mercado se auto-regule.

Todo ello sin tener en cuenta las implicaciones éticas: cada vez que el Estado actúa como subsidiario lo hace financiándose mediante el robo. ¿Están a favor del robo todas aquellas personas que están a favor de que el Estado actúe como subsidiario?

Eetión dijo...

Otro problema, Snake, es que la gente se ha acostumbrado a que sea el Estado el que actúe de esta forma. Los liberales económicos (en especial los austriacos) perdieron la batalla hace casi un siglo y ahora toda la Humanidad paga las consecuencias. Para la gran mayoría es inimaginable otro estado de las cosas. Es como el enfermo que tiene una infección y continúa utilizando ungüentos y pócimas y desecha la penicilina. Y encima llama locos a los que aconsejan su uso.

En relación al cobro de impuestos, ya Juan de Mariana en el siglo XVII expresaba que “el tirano es el que cree que todo lo atropella y todo lo tiene por suyo; el rey estrecha sus codicias dentro de los términos de la razón y de la justicia”, indicando también que el rey no puede imponer un impuesto a sus gobernados si estos no lo aprueban, pues consideraba estos impuestos como una apropiación forzosa de la riqueza de los habitantes de su reino. ¡Poco hemos aprendido desde entonces!

Carlos Díez dijo...

Siempre habrá una franja de consumidores que entrarán a consumir un producto sólo si este baja sustancialmente su precio, aunque eso suponga que las garantías de disfrute de ese producto sean mínimas.

Si el Estado se hace sistemáticamente cargo de la provisión subsidiaria de ese producto, no sólo se desincentiva al consumidor para que sea exigente a la hora de escoger sus gastos, sino que se incentiva la picaresca e ineficacia del empresario. Y otra cuestión peor, se posibilita al Estado aparecer como "salvador" y a los estatistas que pongan verde al mercado acusándole de ineficiente, aunque esa ineficiencia no sea consustancial más que al mercado intervenido.

Quizá podría crearse un fondo asegurador privado del que fueran partícipes las aerolíneas (voluntariamente) que incluyera un seguro contra estas situaciones en el precio del billete. Parte del coste de ese seguro iría a un fondo común (algo similar al Consorcio de Compensación de Seguros para los seguros de autmóviles) que se haría cargo de recolocar a esos clientes en vuelos de otras compañías integrantes de ese fondo o consorcio. Si una compañía no estuviera en el "fondo asegurado" sería una buena señal de mercado al consumidor sobre lo que puede esperar de esa aerolínea.

Además, el coste de esa situación sólo recaería en los consumidores del producto y no en todos los ciudadanos, como ha pasado ahora.

Saludos.

Daniel Ballesteros Calderón dijo...

Es una cuestión interesante el que existan varias alternativas mejores que la intervención directa, desde los seguros privados para los clientes hasta los seguros privados "sugeridos" por el Estado. Desde luego esta situación parece un clásico "fallo de Estado".

Otro detalle importante es el hecho de que normalmente se considera que existe una relación inversa entre riesgo y precio de un activo. Pero en este mercado de vuelos baratos no es tan sencillo distinguir qué compañía es más propensa a dejarte en tierra después de haber pagado... más o menos lo que pasa con los créditos y los default... simplemente los precios presentes sólo resumen información presente y la información futura esperada; si la información llega de repente no hay forma de que el consumidor reaccione.

Eetión dijo...

Carlos:

Lo del Consorcio es una idea interesante y posiblemente los costes de este organismo no serían muy elevados. Sólo haría falta que un pequeño grupo de compañías aéreas lo implantara y lo vendiera como un ventaja competitiva de su producto para que, por pura competencia, el resto tuviera que subirse al carro. Y todo sin que el Estado tuviera que intervenir en nada para su creación.

Daniel:

“(…) simplemente los precios presentes sólo resumen información presente y la información futura esperada; si la información llega de repente no hay forma de que el consumidor reaccione.”

Interesante comentario por el concepto de precio como información del mercado y su capacidad para predecir la solvencia de una empresa…