¿Debe el Estado imponer una lengua?

Todo el debate surgido por la publicación del decreto de la enseñanza presentado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, me ha llevado a pensar si realmente el Estado debería imponer un determinado idioma en el territorio que controla. Lo primero que necesitaríamos averiguar es si conocer y hablar una determinada lengua constituye un derecho natural. Es evidente que uno de los rasgos distintivos y formadores de un ser humano lo constituye la lengua que aprendió a hablar en su infancia. Todo su conocimiento de la realidad viene mediatizado por ésta y negarle su utilización constituiría una grave agresión a su dignidad como persona. Por dicho motivo, cualquier legislación positiva debe reconocer el derecho a la utilización de la lengua materna. Así lo hace el artículo 3 de la Constitución Española:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”

Sin embargo, surge ya aquí el primer problema cuando se afirma que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano. Esto constituye una obviedad para aquellos españoles cuya lengua materna sea el castellano (o español). En este caso no existe deber, ya que su conocimiento es una realidad. Pero, ¿qué sucedería en aquellos casos donde el castellano no sea la lengua materna de un ciudadano español? ¿Tiene el Estado el derecho a imponerle la obligación de su conocimiento? Igual pregunta hemos de hacernos cuando nos encontremos con casos donde las administraciones autonómicas intenten imponer cualquier lengua a aquellas personas que sean castellohablantes.

Es patente que el uso de una lengua vehicular constituye un elemento útil e integrador de una sociedad. Incluso podemos reconocer los motivos económicos para la utilización de una lengua común. Imaginemos en caso contrario la “torre de Babel” que sería una oficina de la Administración. Así, la necesidad de utilizar varias lenguas en el ámbito público evidentemente tiene como consecuencia un incremento de costes. Sin embargo, en determinados territorios, para poder respetar los derechos de los individuos, ha de incurrirse en dicho gasto. Serían aquellos territorios donde existieran grupos lo suficientemente amplios de hablantes de varios idiomas. Sin embargo, la definición de lenguas cooficiales debe basarse en motivos históricos, huyendo de cualquier planteamiento ideológico.

Una consecuencia de la imposición de una determinada lengua, incluso la definida como propia de un territorio, supone una agresión a la libertad de las personas. Como ya hemos comentado, es imposible por sus costos económicos que un Estado respete los derechos lingüísticos de cada uno de sus habitantes. Con los actuales movimientos migratorios es posible encontrar multitud de idiomas en un país. Por dicho motivo, bastaría, como ya hemos dicho, con respetar los derechos de los distintos grupos humanos mayoritarios presentes en un determinado territorio del país. Pero entiéndase que dicho principio es de tipo utilitarista y económico, no existiendo razones para modificar, según la evolución de la estructura humana, las lenguas a utilizar por la Administración. El único principio estable lo constituye el respeto de la lengua materna de una persona. Sin embargo, aunque la Administración se encuentre con el problema descrito, no debería ocurrir lo mismo con la educación. Devuelva el Estado a sus ciudadanos el dinero utilizado para la enseñanza y deje que sean estos quienes decidan dónde utilizarlo. De esta forma, surgirían multitud de centros educativos que se adapten a las preferencias individuales de cada padre, no solo en materia ligüística sino también en muchos otros aspectos. Incluso serían posibles modelos basados en lenguas no propias de un territorio, con la limitación evidente de ser capaces de ofrecer las herramientas lingüísticas necesarias para poder integrarse los alumnos en las sociedades donde viven, pero sin perder con ello el derecho a la elección de su lengua materna.

El diez de junio de 1898, sobre las seis y media de la tarde, una lengua con siglos de historia desapareció de este planeta: el dálmata. Antonio Udina fue su último hablante. Posiblemente fue la lengua materna de San Jerónimo. Las lenguas, igual que las personas, mueren. Pero la responsabilidad de su existencia pertenece a los individuos, no a los estados. Como español, gallego, vasco, catalán, valenciano, balear, asturiano, mirandés, aragonés o extremeño (1), debemos sentirnos obligados a conservar la herencia que nos legaron nuestros padres. Pero esta obligación no debe basarse en la imposición de nuestra lengua a otras personas que no la comparten o en el exterminio de las suyas y el Estado sólo debería limitarse a reconocer y permitir el ejercicio de nuestros derechos. De esta manera, respetando la libertad de cada individuo, éste podrá conservar su legado lingüístico y evitar convertirse en un futuro en el último hablante de su lengua. Está en nuestras manos.


(1) Lenguas de España