La viñeta de la semana: Soria apoya a Paulino que apoya a Zapatero

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La viñeta de la semana: CC y PNV apoyan la Ley de Economía Sostenible

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Lecciones de dialéctica: Luis Herrero y Pilar Rahola.

El pasado sábado, ante mi sorpresa, oí anunciar en el programa "La Noria" de Telecinco que Luis Herrero iba a ser entrevistado . La entrevista fue muy interesante, en especial la lucha dialéctica entre el locutor de esRadio y la periodista Pilar Rahola. Sin estridencias aunque con firmeza, sólo usando su buen hacer, Luis Herrero demostró como afrontar un debate de este tipo. Les dejo a continuación una selección del video de su intervención.

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"Periodismo es decir con tu nombre y apellidos aquello en lo que crees" - Libertad Digital

La viñeta de la semana: Las duras negociaciones entre CC y el Gobierno

Ana Oramas es la actual portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso

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Coalición Canarias: Los impuestos para ti, el dinero para mí

Coalición Canaria ha apoyado la subida del IVA en el Congreso. Según Ana Oramas, parlamentaria de este partido, este apoyo es el cumplimiento de un acuerdo con el Gobierno socialista por el que este último entregará a la Comunidad Autónoma Canaria importantes partidas presupuestarias. Es así de sencillo y agradecemos a la política canaria su sinceridad. Tanto me das, tanto te doy. No hace profundos análisis económicos sobre la conveniencia de la subida del impuesto, simplemente plantea una transacción económica. No intenta analizar si a consecuencia de la subida del IVA, el ciudadano que vive en la Península tendrá menos dinero en su bolsillo y quizás decida no venir a pasar sus vacaciones en Canarias. Supongo que no necesita hacer estos análisis ya que según su sencilla ecuación de canje, ¿para qué se necesitan estos ingresos del turismo o cualquier otro si ya se tiene la promesa de las partidas presupuestarias? Aunque ya se sabe como son las promesas socialistas…

Oigamos a continuación el audio donde Ana Oramas explica sus razones:

Siendo totalmente justos, como hemos podido oír, sí da una sencilla explicación económica cuando ha afirmado que “es muy fácil cuando uno está en la oposición pedir la bajada de impuestos, y es lo que quieren oír los ciudadanos, pero cuando uno gobierna tiene que decidir qué ingresos hay, los ingresos han caído, y en qué hay que suprimir gastos”.

Según estas palabras, lo coherente sería aprobar la subida del IGIG (el IVA canario) en las islas. Sin embargo, oigamos lo que afirmaba el pasado mes de octubre el vicepresidente del Gobierno de Canarias y Consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria (del Partido Popular):

¿Y Entonces? ¿Apoya también Coalición Canaria, que gobierna junto con Partido Popular, las palabras que acabamos de escuchar? Y si es así, ¿por qué lo que es bueno para Canarias no lo es para el resto de España? Complicado dilema, pero ya se sabe que cuando uno gobierna…



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Cuando no hay un idioma, se inventa: el Andalú

Me he enterado el otro día que existe una asociación cuya función es potenciar el dialecto andaluz, contraponiéndolo al español. Su nombre es "Zoziedá pal Ehtudio’el Andalú", y se presentan en su web de la siguiente forma:

"Kién zemoh
En la Zoziedá pal Ehtudio’el Andalú (Z.E.A.) z’ahuntan un grupo’e perzonah de diferente formazión umaníhtika (filolohía, antropolohía, ihtoria, ehz.) ke biben endentro i huera d’Andaluzía i ke komparten una mihma preokupazión por er patrimonio linguíhtiko de nuehtra tierra.

Zuh z’ohetiboh irmediatoh zon: luxà enkontra’e loh prehuizioh k'otabía difikurtan el uzo normá del andalú, perkurà er rekonozimiento zoziá i ihtituzioná i entangariyà lah herramientah prezizah pa zu zehlío literario.

Lah tareah bázikah de l@h integranteh de la Zoziedá zon: ehtudià to lo referío a loh diferenteh dialehtoh andaluzeh, aprendè, ehparrià u difundì loh konozimientoh ezihtenteh i kontribuì −aht’ande zea pozible− a dezanxà i enrezià la konzenzia linguíhtika de zuh ablanteh. Azinah pueh, zuh laboreoh prenzipaleh zerán:

- La organizazión de kongrezoh zientífikoh i enkuentroh literarioh ande ze tome komo ehe d’análizih i tarea fundamentá el andalú.

- La kombokatoria d’ebentoh kurturaleh i zozialeh por la dihnifikazión i promozión del andalú.

- La publikación de rebihtah, libroh, propertoh i zitioh web arreglao a loh z’ohetiboh de la azoziazión.”


No es mi intención faltarles el respeto, pero ¿qué sentido tiene todo este galimatías de faltas de ortografía? ¿Una invención más del nacionalismo?

Frente a lo anterior, el lingüista Manuel Alvar, afirmaba en su artículo “¿Existe el dialecto andaluz?” lo siguiente (la negrita es mía):

“Que el andaluz así, en bloque, no existe como lengua es evidente, porque si existiera sería algo distinto del español, y eso es una falsedad que no merece la pena discutir. Sí hay una conciencia regional -hasta donde llega lo de conciencia regional, que no son las fronteras administrativas de Andalucía- de tipo diferenciador: de Despeñaperros para abajo es una cosa, a la que los andaluces llaman España, y de Despeñaperros arriba, otra, a la que despectivamente dicen el Norte. Pero no nos dejemos ganar por los exabruptos: aquí acaban las cosas y la lingüística tiene muy otras exigencias.

«Nosotros no tenemos más que una lengua que es la española», las variedades orales pueden mostrar diferencias geográficas o sociales. Aquéllas adoptan diversos registros de lengua; éstas se borran con la educación (no con la zapa demagógica) de las clases menos instruidas. No hacer esto es volver a posiciones retrogradas y a la folklorización cultural.”


Entrevista a Francisco García Duarte, vocal de la Z.E.A. (RNE-Radio 5):

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Enciclopedia en idioma andalú

¿Debe el Estado imponer una lengua?

Todo el debate surgido por la publicación del decreto de la enseñanza presentado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, me ha llevado a pensar si realmente el Estado debería imponer un determinado idioma en el territorio que controla. Lo primero que necesitaríamos averiguar es si conocer y hablar una determinada lengua constituye un derecho natural. Es evidente que uno de los rasgos distintivos y formadores de un ser humano lo constituye la lengua que aprendió a hablar en su infancia. Todo su conocimiento de la realidad viene mediatizado por ésta y negarle su utilización constituiría una grave agresión a su dignidad como persona. Por dicho motivo, cualquier legislación positiva debe reconocer el derecho a la utilización de la lengua materna. Así lo hace el artículo 3 de la Constitución Española:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”

Sin embargo, surge ya aquí el primer problema cuando se afirma que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano. Esto constituye una obviedad para aquellos españoles cuya lengua materna sea el castellano (o español). En este caso no existe deber, ya que su conocimiento es una realidad. Pero, ¿qué sucedería en aquellos casos donde el castellano no sea la lengua materna de un ciudadano español? ¿Tiene el Estado el derecho a imponerle la obligación de su conocimiento? Igual pregunta hemos de hacernos cuando nos encontremos con casos donde las administraciones autonómicas intenten imponer cualquier lengua a aquellas personas que sean castellohablantes.

Es patente que el uso de una lengua vehicular constituye un elemento útil e integrador de una sociedad. Incluso podemos reconocer los motivos económicos para la utilización de una lengua común. Imaginemos en caso contrario la “torre de Babel” que sería una oficina de la Administración. Así, la necesidad de utilizar varias lenguas en el ámbito público evidentemente tiene como consecuencia un incremento de costes. Sin embargo, en determinados territorios, para poder respetar los derechos de los individuos, ha de incurrirse en dicho gasto. Serían aquellos territorios donde existieran grupos lo suficientemente amplios de hablantes de varios idiomas. Sin embargo, la definición de lenguas cooficiales debe basarse en motivos históricos, huyendo de cualquier planteamiento ideológico.

Una consecuencia de la imposición de una determinada lengua, incluso la definida como propia de un territorio, supone una agresión a la libertad de las personas. Como ya hemos comentado, es imposible por sus costos económicos que un Estado respete los derechos lingüísticos de cada uno de sus habitantes. Con los actuales movimientos migratorios es posible encontrar multitud de idiomas en un país. Por dicho motivo, bastaría, como ya hemos dicho, con respetar los derechos de los distintos grupos humanos mayoritarios presentes en un determinado territorio del país. Pero entiéndase que dicho principio es de tipo utilitarista y económico, no existiendo razones para modificar, según la evolución de la estructura humana, las lenguas a utilizar por la Administración. El único principio estable lo constituye el respeto de la lengua materna de una persona. Sin embargo, aunque la Administración se encuentre con el problema descrito, no debería ocurrir lo mismo con la educación. Devuelva el Estado a sus ciudadanos el dinero utilizado para la enseñanza y deje que sean estos quienes decidan dónde utilizarlo. De esta forma, surgirían multitud de centros educativos que se adapten a las preferencias individuales de cada padre, no solo en materia ligüística sino también en muchos otros aspectos. Incluso serían posibles modelos basados en lenguas no propias de un territorio, con la limitación evidente de ser capaces de ofrecer las herramientas lingüísticas necesarias para poder integrarse los alumnos en las sociedades donde viven, pero sin perder con ello el derecho a la elección de su lengua materna.

El diez de junio de 1898, sobre las seis y media de la tarde, una lengua con siglos de historia desapareció de este planeta: el dálmata. Antonio Udina fue su último hablante. Posiblemente fue la lengua materna de San Jerónimo. Las lenguas, igual que las personas, mueren. Pero la responsabilidad de su existencia pertenece a los individuos, no a los estados. Como español, gallego, vasco, catalán, valenciano, balear, asturiano, mirandés, aragonés o extremeño (1), debemos sentirnos obligados a conservar la herencia que nos legaron nuestros padres. Pero esta obligación no debe basarse en la imposición de nuestra lengua a otras personas que no la comparten o en el exterminio de las suyas y el Estado sólo debería limitarse a reconocer y permitir el ejercicio de nuestros derechos. De esta manera, respetando la libertad de cada individuo, éste podrá conservar su legado lingüístico y evitar convertirse en un futuro en el último hablante de su lengua. Está en nuestras manos.


(1) Lenguas de España

Alberto Núñez Feijoo y su concepto de libertad

El martes, Cristina López Schlichting entrevistaba a Alberto Núñez Feijoo. La entrevista completa puede ser oída aquí. Sin embargo, de toda la entrevista me gustaría destacar algunos momentos.

En el primero de ellos, Cristina hace a Núñez Feijoo una pregunta muy clara: ¿Por qué no pueden los padres de un alumno elegir la lengua en la que ha de ser educado su hijo?:

En esencia, lo que Núñez Feijoo afirma es que estos padres no pueden tener esta libertad de elección porque su programa electoral, la Constitución y el Estatuto de Autonomía no lo permiten. Evidentemente esta opinión es discutible, pero supongamos que fuera cierta. Surge inmediatamente la pregunta: ¿Qué es más importante? ¿Su programa electoral, la Constitución y el Estatuto de Autonomía o la libertad de los padres? Si realmente el dirigente popular considera que la libertad es el valor más importante, no debería haberse presentado con ese programa político y debería adoptar todas las medidas a su alcance para cambiar las leyes mencionadas.

Pero es en el segundo corte donde se clarifica la verdadera postura del presidente gallego:



- “Si usted cree que esto no es suficiente libertad, pues como es natural, seguro que usted tiene una opinión y yo otra” - le dice Núñez Feijoo a Cristina López Schlichting.

Y yo me pregunto: ¿Por qué ha de fijar un político el grado de libertad que ha de tener una persona? Al final todo se reduce a que el Estado impone su criterio al individuo. Por eso, dirigiéndome al Presidente de la Xunta de Galicia le digo sin ánimo de importunarle:

- ¿Podría usted, Sr. Núñez Feijoo, dar un poquito más de libertad a los que viven en Galicia? Sólo un poquito más, por favor.

Cataluña. Discursos actuales y voces del pasado.

La semana pasada fue noticia una vez más el Estatuto de Cataluña. Carod Rovira declaraba: "Si hay una modificación de lo que dijo la soberanía popular, yo creo que sería un hecho de una gravedad extraordinaria porque nadie en democracia está capacitado ni tiene legitimidad para modificar una decisión que es el resultado de la soberanía popular". Después de afirmar que consideraba el Estatuto constitucional, agregó: "Si no cabe, es Cataluña la que no cabe en el marco constitucional. Y el problema fundamental lo tiene España, no Cataluña. Son las instituciones españolas las que tienen que decidir qué quieren hacer con Cataluña, qué futuro prevén para Cataluña. Si tal como somos y votamos democráticamente no cabemos, sólo nos dejan abierta una puerta". Días más tarde, doce periódicos catalanes publicaban una editorial conjunta.

Todo esto evoca voces del pasado. El 12 de abril de 1934 el Parlamento de Cataluña aprueba la Ley de Contrato de Cultivos. Ésta concedía a agricultores catalanes no propietarios el derecho a adquirir la propiedad de la tierra que cultivaban pagando una indemnización a los propietarios de las mismas. El 8 de junio de 1934, el Tribunal de Garantías de la República determinó por 13 votos a favor y 10 en contra que dicha ley era contraria a la Constitución. Como reacción a lo anterior, al día siguiente, periódicos catalanes publicaban en sus páginas: “El Parlamento catalán, que es soberano, responderá a España” (…) ¡No somos más que catalanes!”. “No acataremos la decisión”. El día 11 de junio, Companys, también líder de Esquerra Republicana de Cataluña, declaró en un mitin “El fallo (…) es la culminación de una ofensiva contra Cataluña, un acto de agresión (…) contra Cataluña (…) Obliga a todos los que no han llegado a perder el recuerdo de que son hijos de esta tierra generosa y altiva a (…) defender su prestigio con la sangre de sus venas (…) Hemos de fortalecer nuestro espíritu y decirnos cada día, de cara a nuestro deber presente, que puede convertirse en histórico: Yo soy catalán, soy un buen catalán (…) y tal vez yo os diré a todos: ¡Hermanos, seguidme!(1) Y toda Cataluña se levantará”. Unos cuatro meses más tarde, el 6 de octubre, el mismo Lluís Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña, proclamaba el Estado Catalán dentro de la República Federal Española.



(1) Los orígenes de la Guerra Civil Española (pág. 328). Pío Moa. Ediciones Encuentro (1999)